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Novedades en los servicios financieros

El inicio del año 2010 trajo importantes modificaciones en la regulación del mercado de los servicios financieros, como consecuencia de la aprobación por parte del Banco Central del Uruguay de las Circulares Nº 2046 y Nº 2048, y de la promulgación de la ley Nº 18.643.

autor: Estudio Sanguinetti/Fodere/Bragard

Viernes 23 de julio del 2010

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Novedades en los servicios financieros
En tal sentido, el marco regulatorio del sector financiero no bancario ha incorporado novedades en materia de empresas de servicios financieros –fuentes de financiamiento, operaciones permitidas, aspectos societarios, régimen de información al BCU-, asesores de inversión –principios a los que deben ajustar su actuación, controles bancocentralistas, capacitación, registro de clientes- y empresas administradoras de créditos –en especial en cuanto a su fuente de financiamiento-.

Sin perjuicio del desarrollo que se realizará, podemos adelantar que la normativa reseñada configura un nuevo escenario para aquellas empresas dedicadas a proveer servicios financieros, a las cuales se les exigirá el cumplimiento de nuevos requisitos y serán sometidas a controles administrativos más estrictos.


FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO

El 9 de febrero de 2010 el Poder Ejecutivo promulgó la ley 18.643, por la cual se reforma la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay (“BCU”), incorporando importantes novedades en cuanto a las fuentes de financiamiento de las Empresas Administradoras de Créditos (“EACs”).

1.     Antecedentes

En la redacción dada por la ley 18.401, la Carta Orgánica del BCU estableció que las EACs sólo podrían financiarse “con recursos propios o a través de instituciones de intermediación financiera”. Esta norma, generó dos interpretaciones opuestas e incertidumbre en cuanto a su real alcance.

Por un lado, surgió una interpretación restrictiva -seguida por el BCU- que consideraba que la ley 18.401 había limitado las fuentes de financiamiento de estas empresas, las cuales sólo podrían fondearse con recursos propios o con créditos otorgados por instituciones de intermediación financiera.

Por otro lado, una interpretación más acorde al tenor literal de la norma y sustentada en la intención del legislador, postuló que la expresión “a través de” instituciones de intermediación financiera no implicaba una limitación en cuanto al origen de los fondos que recibían las EACs sino únicamente la exigencia de que, cuando dichos recursos fueran obtenidos de terceros, tuvieran un pasaje obligatorio por el sistema de intermediación financiera, especialmente para lograr realizar los controles vinculados a la represión del lavado de activos y garantizar el origen lícito de los fondos.
Ante la incertidumbre planteada por estas interpretaciones divergentes y la excesiva rigidez de la norma, cuatro legisladores de activa participación en la discusión de la ley 18.401, presentaron un proyecto que a la postre se convertiría en la ley 18.643.

2.    Fuentes de financiamiento


La nueva disposición legal establece que las EACs sólo podrán financiarse con recursos propios o con créditos provenientes de una lista de personas físicas y jurídicas que enumera a texto expreso. Esto determina que las fuentes de financiamiento de las EACs ahora sí se encuentran previstas en forma taxativa, pero con una redacción notoriamente más amplia que la anterior.

Los terceros autorizados a proveer fondos a las EACs son:

1.    Personas físicas que sean directores o accionistas de la EAC a financiar;

2.    Instituciones de intermediación financiera, tanto nacionales como extranjeras;
3.    Organismos internacionales de crédito o de fomento del desarrollo;

4.    Fondos provisionales del exterior o fondos de inversión sujetos a una autoridad reguladora. En ambos casos, el BCU tendrá la potestad de determinar hasta qué porcentaje de las inversiones del fondo pueden ser conferidos en forma de crédito a las EACs;

5.    Toda otra persona jurídica de giro financiero, fideicomiso financiero o patrimonio de afectación de análoga naturaleza. En este caso, se deberá solicitar autorización al BCU, el cual tendrá 60 días para pronunciarse, otorgándosele al silencio el valor de autorización ficta.

3.    Conclusiones

La ley 18.643 procura equilibrar dos exigencias que se presentan al regular la actividad de las EACs.
Por un lado, evitar que las mismas accedan al ahorro público y al financiamiento indiscriminado de terceros, pues ello desvirtuaría su naturaleza de entidades ajenas a la intermediación financiera; por otro lado, permitirles acceder a una variedad razonable de fuentes de financiamiento, especialmente cuando los fondos provienen de inversores sofisticados, como sin duda lo son los mencionados en los numerales I a V.

Asimismo, la fórmula contenida en el punto V (“…toda otra persona jurídica de giro financiero…”), otorga la necesaria flexibilidad para incluir allí a agentes económicos vinculados al negocio financiero que no estuvieran enumerados a texto expreso.

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