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Uruguay y la era de la transparencia fiscal

No estando ajeno a la tendencia mundial en pos de una mejora en materia de transparencia fiscal internacional, el 1° de Junio de 2016 en París, Uruguay se convirtió en la jurisdicción 96 en adherir a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), expandiendo así su capacidad para luchar contra la elusión y la evasión fiscal internacional.

autor: Cr. Agustín Muzio Chiesa - PwC Uruguay

Lunes 21 de noviembre del 2016

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Uruguay y la era de la transparencia fiscal
El 30 de junio de 2016 se llevó a cabo en Kyoto (Japón), la primera reunión de la OCDE sobre el marco inclusivo para combatir Base Erosion and Profit Shifting (BEPS); 36 países y jurisdicciones se han incorporado formalmente a dicho marco inclusivo, y se han comprometido a implementar el paquete de medidas BEPS, llegando a 82 el número de países y jurisdicciones que participan hoy del Proyecto. El foco principal del marco inclusivo es asegurar la aplicación de los cuatro estándares mínimos: prácticas fiscales nocivas, abuso de convenios, informes país por país y mecanismos de resolución de conflictos).

En línea con lo anterior y con el compromiso asumido por Uruguay, el 11 de julio de 2016 Poder Ejecutivo puso a consideración del Poder Legislativo un Proyecto de Ley que introduce modificaciones al sistema tributario uruguayo dotándolo de herramientas que permitan una mayor transparencia en materia fiscal y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El Proyecto de Ley fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes pero se encuentra pendiente de discusión por el Plenario de ambas cámaras (razón por la cual su texto aún no tomó estado público). 

Si bien se han introducido modificaciones al texto del Proyecto de Ley original (recogiendo las propuestas de diferentes actores del ámbito empresarial e instituciones locales), a continuación nos referiremos a los aspectos más salientes del borrador sometido a discusión pública.

El Proyecto busca modificar el enfoque de la lista taxativa de jurisdicciones o regímenes de baja o nula tributación que hoy existe en la normativa uruguaya, y delega en el Poder Ejecutivo la facultad de determinar las condiciones que deberán cumplir los países, las jurisdicciones, entidades o regímenes para ser considerados de baja o nula tributación.

Dentro de los cambios más relevantes, se menciona el incremento de la tasa del Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) aplicable a las rentas obtenidas por entidades de regímenes o jurisdicciones de baja o nula tributación, la que pasaría del 12 al 25%. Quedan exceptuados de este incremento a dividendos y utilidades pagados o acreditados por contribuyentes del IRAE, los que seguirían gravados a la tasa del 7%.

En lo que constituyen claramente disposiciones anti-abuso y anti-elusivas, la norma propone incorporar al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), al Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y al IRNR una disposición por aplicación de la cual se considerarán íntegramente de fuente uruguaya las rentas derivadas de las transmisiones de participaciones en entidades de nula o baja tributación, cuyo patrimonio esté constituido (directa o indirectamente) en más de un 50% por bienes situados en Uruguay.
 
Adicionalmente, el Proyecto de Ley prevé para los no residentes que obtengan este tipo de rentas de fuente uruguaya, un período de transición en el cual el gravamen no será aplicable en tanto se cumplan determinadas condiciones estipuladas en la norma.

En otro orden de cosas, desde el año 2011 están gravados por IRPF (a la tasa del 12%) los rendimientos de capital mobiliario del exterior obtenidos por personas físicas residentes fiscales en Uruguay. La norma proyectada dispone que cuando esos individuos participen en el capital de entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación, las rentas que éstas obtengan por concepto de rendimientos de capital e incrementos patrimoniales se asignen como dividendos o utilidades distribuidos, debiendo el contribuyente computarlos según el principio de lo devengado. El cambio propuesto refiere a extender el gravamen a nuevas categoría de rentas (incrementos patrimoniales y rendimientos de capital inmobiliario) cuando las mismas provengan de jurisdicciones o países de baja o nula tributación.
 
Dentro de las modificaciones proyectadas, se propone incluir dentro del concepto de renta de fuente uruguaya sujeta al IRNR a las rentas provenientes de entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación por importaciones de bienes y ventas de bienes en el exterior, y cuyas operaciones se realicen con contrapartes vinculadas que sean sujetos pasivos del IRAE. Se presume que la renta sujeta a impuesto es del 50% del precio correspondiente (el que no podrá ser inferior al valor en aduana de los bienes importados).
 
Por otra parte, aun cuando no exista vinculación entre la entidad residente en la jurisdicción de baja o nula tributación y el contribuyente de IRAE, se incluye en el concepto de renta de fuente uruguaya sujeta al IRNR a los ingresos derivados de la enajenación de intangibles destinados a ser utilizados económicamente en territorio nacional. Adicionalmente, se agrega una tasa complementaria del 5,25% a las rentas provenientes de inmuebles situados en Uruguay. Asimismo, los incrementos patrimoniales generados a partir del 1° de enero de 2018 por la enajenación o promesa de enajenación de bienes inmuebles situados en territorio nacional, se determinarán siguiendo el criterio real. Por último, las rentas originadas en otras transmisiones patrimoniales de bienes situados en Uruguay, deberán determinarse siguiendo el criterio ficto por aplicación del cual la renta se considerará como un 30% del precio de enajenación, excluido el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP, cuando aplicara).
 
Entre otros cambios, se propone aumentar la tasa del Impuesto al Patrimonio (IP) del 1,5% al 3% aplicable a los bienes que entidades residentes en jurisdicciones de baja o nula tributación posean en el país.

En lo que refiere a Precios de Transferencia, el Proyecto de Ley introduce modificaciones, incluyendo la adopción de recomendaciones de la OCDE en relación al Informe País por País e Informe Maestro, en el marco de la Acción 13 del Proyecto BEPS - “Guía sobre el nuevo estándar de Documentación de Precios de Transferencia”. Se dispone además la posibilidad de que los contribuyentes puedan obtener Acuerdos Anticipados de Precios de carácter bilateral y multilateral, en atención a la Acción14 del Proyecto BEPS - “Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias”, cuyo objetivo es el de otorgar certeza a los contribuyentes en relación con la tributación de las transacciones intercompañía en los grupos multinacionales.

En línea con las disposiciones en materia de transparencia e intercambio de información con propósitos fiscales, el Proyecto de Ley incorpora la obligación de informar al Banco Central del Uruguay el beneficiario final y los titulares de participaciones nominativas, precisando qué condiciones deberán cumplirse para estar ante tales obligados. Adicionalmente, las entidades emisoras de acciones o partes sociales nominativas deberán comunicar los datos identificatorios de sus titulares, así como el porcentaje de su participación en el capital social, así como sus modificaciones posteriores en el plazo de 30 días, o 90 días en caso que los titulares sean no residentes. El incumplimiento de las obligaciones descriptas y los plazos previstos, acarreará severas sanciones que implicarían la prohibición de distribuir utilidades y la suspensión del certificado de vigencia anual, entre otras consecuencias que podrían obstaculizar el normal funcionamiento de la sociedad.

Finalmente, como fuera mencionado al inicio de este artículo el borrador de Proyecto de Ley original remitido por el Poder Ejecutivo fue modificado días atrás por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Es esperable que la ley se encuentre sancionada por ambas Cámaras antes del fin de este año calendario.
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