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Requerimiento de relevamiento del secreto bancario

Con fecha 10 de agosto de 2011 el Poder Ejecutivo aprobó el procedimiento de requerimiento de autorización voluntaria a los contribuyentes, por medio del cual la Dirección General de Impositiva (DGI) podrá solicitar a los contribuyentes titulares de información amparada en el secreto bancario, el relevamiento voluntario del mismo a favor de la DGI .

autor: Dra. Carolina Damonte

Martes 16 de agosto del 2011

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Requerimiento de relevamiento del secreto bancario
Este procedimiento encuentra su fundamento en algunas disposiciones contenidas en la Ley de Reforma Tributaria , así como en la normativa aprobada en cumplimiento de las directivas de la OCDE .

Así, en la Ley de Reforma Tributaria fue consagrada a favor de la DGI la potestad de solicitar en forma expresa y fundada ante la justicia competente el relevamiento del secreto bancario que ampara a los contribuyentes, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y respecto a obligaciones tributarias no prescriptas, dando lugar al denominado “proceso de levantamiento del secreto bancario” .

También en dicha ley se estableció la posibilidad de la DGI de celebrar acuerdos con los contribuyentes para que éstos releven voluntariamente a su favor el secreto bancario, en forma irrevocable y por un período de tiempo determinado, a cambio de una reducción en los términos de prescripción de sus obligaciones tributarias .

Por su parte, nuestro país ha suscrito varios acuerdos internacionales, siguiendo el modelo de convenio fiscal de la OCDE, para responder a los actuales estándares internacionales en materia de transparencia. En virtud de los mismos, deberá brindar cierta información de los contribuyentes al Estado requirente, dentro de los límites previstos en tales documentos .

Mediante el decreto de fecha 10 de agosto referido, se dispone que en forma previa a iniciar el proceso judicial de levantamiento del secreto bancario, la DGI deba consultar expresamente al contribuyente si éste desea relevar voluntariamente el secreto bancario.

Se trata de un procedimiento previsto únicamente para los contribuyentes que hayan constituido domicilio ante la DGI, no aplicable para quienes no lo tuvieran, ni para responsables tributarios ni otras personas físicas o jurídicas que pudieran ser utilizadas con fines instrumentales.

El requerimiento en cuestión puede derivar de una actuación de la DGI en ejercicio de sus potestades fiscalizadoras, o, puede darse, frente a una solicitud de intercambio de información recibida de autoridades competentes de los Estados requirentes, ya sea en el marco de los convenios internacionales firmados por el país para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, así como también de los acuerdo relativos al intercambio de información en materia tributaria.

Se trata de un procedimiento sencillo, en el cual se confiere un plazo de 5 días hábiles al contribuyente para otorgar el relevamiento voluntario expreso, o, en su caso, presentar los descargos que estime pertinentes.

De conferirse la autorización en cuestión, la DGI remitirá al Banco Central del Uruguay (BCU) copia de la misma, conjuntamente con el requerimiento de información.

El BCU dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para remitir a las entidades de intermediación financiera la solicitud de la DGI, teniendo luego éstas un plazo de 15 días hábiles para presentar la información. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de las sanciones para la entidad infractora, como ser observaciones, apercibimiento, multas, suspensiones y revocaciones de la autorización para funcionar .

Una vez recibida, el BCU deberá enviar la información a la DGI en un plazo de 5 días hábiles.

Tal información se encuentra amparada por el secreto de las actuaciones previsto en el Código Tributario para la DGI y sus funcionarios, pudiendo ser proporcionada en casos excepcionales expresamente previstos .

En caso que el contribuyente no confiera la referida autorización, la DGI podrá formular la solicitud de relevamiento de secreto bancario ante la sede judicial que corresponda, en los términos previstos en la Ley de Reforma Tributaria y con el alcance allí dispuesto.


En definitiva, el decreto de fecha 10 de agosto del corriente no modifica el régimen del secreto bancario en nuestro país, en la medida que las entidades de intermediación financiera contarán con una autorización expresa del interesado relevándolas del mismo. Se trata simplemente de una suerte de “oportunidad” - que puede ser entendida como aviso - que se le confiere al contribuyente para acordar con la administración acceder al beneficio de prescripción anticipada a cambio del relevamiento del secreto bancario en los términos previstos, so pena de ser iniciado a su respecto el proceso de relevamiento judicial, en tanto ello sea posible.  

Dra. Carolina Damonte.
Departamento de Asesoramiento
Jiménez de Aréchaga, Viana y Brause.
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