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Modificación de la ley de juicios laborales

La modificación de la ley de abreviación de los procesos laborales, consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de algunas de sus disposiciones, debería permitir mejorar otros aspectos trascendentes.

autor: Dr. Gustavo Gauthier, de Brum Costa Abogados

Lunes 20 de setiembre del 2010

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Modificación de la ley de juicios laborales
La Ley 18.572 que creó un proceso autónomo para dirimir judicialmente los asuntos originados en conflictos de trabajo, con la finalidad principal de acelerar los juicios laborales, objetivo que momentáneamente ha naufragado en la práctica como consecuencia de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra algunas de sus disposiciones y que tienen paralizada a la justicia del trabajo, se encuentra en pleno proceso de revisión. En esta tarea se encuentran abocados tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se estaría apuntando a superar las objeciones de inconstitucionalidad señaladas por la Suprema Corte de Justicia, como la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes que ha estado recibiendo a distintos actores y operadores del sistema de relaciones laborales para conocer de primera mano las distintas posiciones sobre las modificaciones a introducir en la norma.
  
Pero más allá de los desajustes al texto constitucional que urgentemente se impone superar y que sólo es posible con una modificación legal de las disposiciones declaradas inconstitucionales a efectos de destrabar el funcionamiento de la justicia del trabajo, la ocasión es propicia también para solucionar otro tipo de problemas que el texto plantea y que pueden llegar a comprometer en la práctica los principales objetivos perseguidos con la reforma.

1.- El proceso de “menor cuantía”.
En primer lugar, la ley regula en forma diferente dos tipos de procedimientos, en función de la cuantía del reclamo: los asuntos que no superen la suma de 81.000 pesos (aproximadamente unos 4.050 dólares) deberán tramitar por el procedimiento de menor cuantía, los asuntos que superen esa cifra lo harán por el proceso ordinario.

    El proceso de menor cuantía posee plazos más breves y expeditos para exponer las posiciones de las partes y producir la prueba y fundamentalmente consiste en un proceso de instancia única, donde no es admisible la revisión de la sentencia definitiva por ninguno de los litigantes.

    La utilización del criterio de la menor cuantía, si bien tiene como objetivo principal lograr la mayor celeridad en la resolución de las contiendas, encierra un dilema difícil de resolver, pues el concepto mismo depende de la perspectiva con la que se lo analice: ¿menor cuantía para quién?, ¿para el Estado o el sistema judicial?, ¿para el trabajador?, ¿para el empleador?  Seguramente las respuestas en todos los casos sean distintas: evidentemente para el Estado o el sistema judicial, asuntos que rondan los 4.000 dólares constituyen asuntos de menor cuantía, que pueden justificar la puesta en marcha del menor andamiaje judicial posible; en cambio para el trabajador,  su asunto nunca va a ser de “menor cuantía”, sino de la “mayor y principal cuantía” en mérito a que en la mayoría de los casos la suma reclamada es todo cuanto cuenta para subsistir él y su familia.

Para el empleador no existe una respuesta única, podrá tratarse de asuntos de menor, mediana o máxima cuantía, dependiendo de su condición. (gran empresa, pequeña, mediana o micro empresa, empleadores de servicio doméstico, etc.)

    En el texto de la Ley el problema se ve agravado por el monto utilizado para limitar la menor cuantía, el que supera casi un 40% a la que le sigue inmediatamente en el derecho comparado, que es el caso de España; expresado en salarios mínimos, el monto recogido en la ley uruguaya, equivale a 18 salarios mínimos nacionales, aproximadamente unas 39 veces Bases de Prestaciones y Contribuciones, y más de 8 veces el ingreso salarial real promedio de los uruguayos de $ 9.894 (mayo de 2010), según datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

    La natural disminución de garantías que supone un proceso de instancia única para las partes y en particular para el trabajador, debería limitarse a aquellos casos donde resulte evidente que no se justifica verdaderamente la doble instancia y para ello podría establecerse una doble límite: por un lado el monto del asunto, el que debería reducirse sustancialmente  y por otro, limitando los rubros objeto del reclamo,  dejando para el proceso ordinario aquellas cuestiones que pueden resultar más complejas.

    Si como se ha dicho, el límite para el proceso de menor cuantía se basó en los datos estadísticos confiables de los relevamientos de la Suprema Corte de Justicia que indicaban que alrededor del 30% de los juicios laborales tramitados, se limitaban a la pretensión de cobrar los créditos de escaso valor económico devengados por el egreso de un trabajador, donde el contenido característico de estos juicios es el reclamo de la licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo e indemnización por despido, el proceso de menor cuantía podría limitarse a estos rubros, por tratarse de créditos tarifados en la ley laboral sustantiva que se sustancian con la prueba de uno o dos aspectos fácticos, cuyo diligenciamiento no ofrece mayores dificultades, lo que justificaría tramitarlos por la estructura procesal de instancia única.

    De este modo, una vez deducida una pretensión para el cobro de licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo e indemnización por despido, supuestamente no abonados por el empleador al egreso, la prueba se limitaría a demostrar si los mismos fueron o no pagos, prueba que en virtud del principio de disponibilidad del medio probatorio incumbe al empleador, quien deberá aportar la documental correspondiente, sin perjuicio de la utilización de otros medios probatorios para dilucidar otros extremos fácticos como la fecha de inicio de la relación laboral o  la causal de finalización del vínculo.

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